El Consejo de Ministros aprobará de nuevo los decretos de vivienda

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes los decretos de vivienda que fueron rechazados por el Congreso de los Diputados. Esta decisión se produce tras la disolución de las Cortes, que tuvo lugar el pasado viernes y que llevó a la convocatoria de elecciones anticipadas, según informan diversas fuentes.

Los decretos de vivienda se someterán a votación en la Diputación Permanente, debido a la ausencia del pleno del Congreso, donde fueron anteriormente rechazados. Se espera que el voto de Junts no tenga un impacto decisivo en este nuevo contexto, lo que podría facilitar la aprobación de los decretos.

El Gobierno, que había mantenido anteriormente que la reconfiguración de las mayorías podía plantear problemas legales para reintroducir estos decretos, ha cambiado de enfoque. Ahora, considera que la disposición de las fuerzas políticas en la Diputación Permanente podría permitir la convalidación de los textos propuestos.

Fuentes gubernamentales han afirmado que el primer decreto, que incluye medidas para proteger a los vulnerables de desahucios, podría prosperar con el apoyo suficiente en este nuevo escenario. Según los cálculos, el decreto podría ser aprobado con 35 votos a favor y 34 en contra, superando así el rechazo del pasado viernes.

Cabe destacar que la resolución actual ha surgido en medio de un contexto político complejo, donde las reclamaciones de partidos como Sumar presionaron para volver a discutir los mismos textos a pesar de la oposición anterior en el Parlamento. La decisión del Consejo de Ministros de insistir en estos decretos incluye un claro objetivo de facilitar la protección de vivienda.

Este proceso se contempla también dentro del marco de maniobras del Gobierno, que busca aprovechar los cambios en el equilibrio de fuerzas en la Diputación Permanente frente a la composición anterior del Congreso. Se ha indicado que este mecanismo ha sido utilizado anteriormente en circunstancias distintas y plantea interrogantes sobre su constitucionalidad, aunque el Ejecutivo confía en la legalidad de esta nueva votación.