La administración Trump apela a la Corte Suprema por deportaciones a terceros países

La administración Trump ha solicitado a la Corte Suprema de EE. UU. que permita la continuación de una política que permite la deportación de inmigrantes a terceros países, donde no tienen conexiones. El jueves, el Fiscal General Todd Blanche anunció que la administración busca anular un fallo de un tribunal inferior que había detenido temporalmente estas deportaciones.

En su solicitud, el Departamento de Justicia enfatizó la necesidad de una acción inmediata para reanudar estas deportaciones, afirmando que el fallo del tribunal inferior crea retrasos innecesarios en el proceso migratorio. La administración sostiene que la capacidad de remover rápidamente a inmigrantes indocumentados a terceros países es crucial para mantener un sistema migratorio seguro.

La solicitud también incluye una demanda para levantar restricciones que requieren que los deportados se les dé la oportunidad de impugnar su remoción por posibles persecuciones en el país receptor. Los tribunales inferiores han indicado anteriormente que las personas que enfrentan deportación deben poder argumentar sus temores de persecución antes de ser enviadas a otro país.

Informes indican que la mayoría de los deportados bajo esta política han sido enviados a México, aunque la administración tiene acuerdos en vigor para deportar migrantes a varias otras naciones. Según organizaciones de derechos humanos, más de 25,000 migrantes ya se han visto afectados desde la implementación de esta política.

Expertos legales han señalado la naturaleza controvertida de esta estrategia de deportación, que algunos argumentan socava los derechos de los migrantes a solicitar asilo. El enfoque de la administración ha enfrentado desafíos en los tribunales, con varios jueces cuestionando la legalidad y las implicaciones éticas de remover a individuos sin considerar sus circunstancias específicas.

El asunto ahora está en manos de una Corte Suprema que tiene una mayoría conservadora, lo que podría influir en el resultado de esta apelación. Los jueces han permitido anteriormente que algunos aspectos de la política de deportación continúen mientras se desarrollan las batallas legales, y sigue sin estar claro cómo se pronunciarán sobre esta última solicitud.